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El exilio cubano exige que se aplique la “Ley de Libertad de Cuba” y puedan demandar a quienes se quedaron con sus bienes

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El exilio cubano exige que se aplique la “Ley de Libertad de Cuba” y puedan demandar a quienes se quedaron con sus bienes

Grupos de exilados y funcionarios cubanos estadounidenses hacen grandes esfuerzos para que el presidente Donald Trump implemente en su totalidad, una ley que permite demandar por daños a compañía extranjeras que invierten dinero en comercios expropiados por la dictadura de los Castros.

Estos bienes fueron robados por el régimen que se inició en Cuba a partir del 1ero de enero de 1959 y nunca sus verdaderos propietarios recibieron alguna compensación.  El robo fue señalado como “confiscación”. 

Recientemente, más de veinte grupos del exilio cubano; cuatro alcaldes y cuatro comisionados (concejales) del sur de la Florida, pidieron al presidente Trump la “implementación completa” de los Títulos III y IV de la Ley de Libertad Cubana.

El 16 de enero de este año, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, en implementar parcialmente el Título III de la Ley de Libertad de Cuba -conocida como Ley Helms-Burton- de 1966 que permite a los estadounidenses, a quienes les fueron confiscadas sus propiedades en Cuba poder demandar al régimen cubano.

De implementarse por completo el Título III de ésta ley, los dueños legales de los comercios expropiados -robados- por la dictadura cubana, pudieran demandar también por “daños” a compañías no cubanas que invierten en éstos bienes en el territorio cubano.

La medida afectaría gravemente a compañías de cruceros, a cadenas hoteleras estadounidenses que podrían ser demandadas por daños en los tribunales de Estados Unidos. Esto alcanzaría a cadenas como la norteamericana Marriott o el grupo español Meliá, que han invertido en propiedades y hoteles robados por la dictadura cubana.

En ésta situación judicial, los bienes de estas compañías, localizados en territorio estadounidense “podrían estar sujeto a reclamación por daños causados” y al fallo de un juez federal; explicó a Efe Orlando Gutiérrez, directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Gutiérrez está convencido de que la “presentación de demandas de mucho peso sería inmediata por parte de cubanoamericanos y estadounidenses”, sí el presidente Trump activa esta ley en su totalidad. 

Aclaró Gutiérrez, quien también es el director del Directorio Democrático Cubano, que los Títulos III y IV de esta ley “cubren a todo el que haya perdido una propiedad comercial, no residencial, con un valor superior a los 50 mil dólares y que esté siendo utilizada por el régimen Castrista”.

Existen entre 200 mil a 300 mil quejas de ciudadanos cubanos estadounidenses que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas -robadas- como Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional José Martí de La Habana; cultivos azucareros y aseguradoras, entre otros cientos de propiedades comerciales robadas por la dictadura cubana.

Autoridades de Estados Unidos también han “certificado” 5,913 casos de ciudadanos y empresas estadounidenses, como lo son -por ejemplo- Texaco, Coca Cola y Palmolive que también pueden acogerse al Título III si se activa, por un total de 1.900 millones de dólares.

La firma Martinez Manglardi está formada por abogados con más de 30 años de experiencia en inmigración y leyes de la Florida. Conocemos las leyes de inmigración porque somos inmigrantes como usted. Si usted necesita ayuda legal, nuestra firma puede trabajar de manera rápida y efectiva. Llámenos al 407-487-4558 y con gusto uno de nuestros abogados de inmigración en Orlando le ayudará. 

El 4 de marzo, el gobierno del presidente Trump abrió las puertas para demandar a partir del 19 de marzo a unas 200 entidades gubernamentales cubanas que están dentro de la “lista negra” por adueñarse de bienes “confiscados”.

Medida como ésta ha sido suspendida consecutivamente cada seis meses por los gobiernos de los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, lo mismo que por Trump durante sus primeros dos años de Administración.

Se espera que el gobierno norteamericano anuncie el 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta, “sin precedentes”, de esta facultad, de 30 días, que anunció recientemente.

Los abogados de inmigración de Martinez Manglardi, somos profesionales que emigramos de nuestras respectivas naciones y conocemos muy bien las leyes de ésta nación, pero, también, tenemos la capacidad de entender y luchar por otras personas que han tenido que abandonar su país porque nos hemos han visto en la misma situación. Comuníquese con nosotros al 407-487-4558, estamos de su lado.

El 21 de marzo, el director para EEUU de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío dijo que la dictadura cubana estaría dispuesta a negociar un acuerdo de compensación a los reclamantes de propiedades “nacionalizadas” reconocidos por Estados Unidos, pero, puso como condición que Washington acepte discutir sobre las indemnizaciones a Cuba por daños causados por su gobierno.