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A esta situación bastante compleja se suma la información de que cada mes entran al territorio norteamericano unos 60 mil indocumentados por los caminos verdes de la frontera. Miles de estos indocumentados piden asilo y es un derecho constitucional que un juez de emigración examine su caso. La realidad es que éstas personas pueden quedarse en esta situación y mantenerse en peligro de ser devueltas a su país de origen donde existe la posibilidad de que corra peligro su vida o su libertad.
Para profundizar la situación, las negociaciones entre el presidente Trump y el Congreso se encuentran detenidas. El presidente insiste en pedir 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y los miembros del partido demócrata insisten en que ese muro es un método anticuado e ineficiente lo que resulta en el hecho de que el gobierno se mantendrá parcialmente cerrado y esta situación seguirá afectando el trabajo en la Corte. Incluso, los jueces con casos de indocumentados que ese encuentran detenido y que por lo tanto deben tener prioridad,, también han sido afectados.
