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Dos Agencias gubernamentales desconocían política de separación de familias

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Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés), ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Salud de Servicios Humanos (HHS) sabían que iba a implementarse la política de “tolerancia cero” antes de que el fiscal general Jeff Sessions la hiciera pública.

En una audiencia, ante el subcomité de Supervisión e Investigaciones del Senado, la directora en funciones de la GAO informó sobre los resultados de un estudio realizado por su agencia en el cual se examinaron los esfuerzos por parte de DHS y HHS por identificar y unificar a los niños migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera.

Un funcionario de alto rango de HHS, el comandante Jonathan White, dijo ante el subcomité, que fue gracias al fallo de un juez federal en California que ordenó la reunificación de las familias que HHS pudo devolver “exitosamente” miles de niños a sus padres.

“Sin las directrices del fallo no podríamos haberlo hecho”, afirmó el comandante.

White, es el vicedirector del programa para menores de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), aclaró en la audiencia que no creía que la “separación de niños de sus padres” estuviera en el “mejor interés para el menor”.

Jonathan White, aseveró categórico: “Ni yo ni nadie en ORR habríamos apoyado una política de este estilo” ante el subcomité.

La audiencia se produjo después de que el inspector general de HHS, publicara un informe en el que se afirma que el gobierno desconoce el número total de menores que fueron separados de sus familias por parte de agentes de inmigración.

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El gobierno identificó a 2.737 niños que estaban bajo custodia de HHS. Este número fue el que comenzó a manejarse en la opinión pública para hablar de la política de separación de familias, la cual causó rechazo a nivel internacional, después de que circulara audios y fotos de niños en jaulas.

El informe de HHS, dice que “miles de niños podrían haber sido separados durante un influjo [de migrantes] que comenzó en 2017, antes” del fallo judicial.

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