El problema de los inmigrantes que pretenden buscar asilo en Estados Unidos pasando por la frontera con México, se complica cada vez más.
Dieciséis estados de la nación, demandaron al Gobierno de Donald Trump por declarar el estado de emergencia en la frontera con México. Trump invocó sus poderes para promulgar el estado de emergencia y así asegurar la financiación de la construcción del muro. El presidente de Estados Unidos, calificó la demanda como una acción de la “izquierda radical”.
Existe, desde antes de esta demanda, un enfrentamiento de algunas autoridades regionales con la autoridad nacional. El Gobernador de California, Gavin Newsom, retiró las tropas enviadas a la frontera y les asignó nuevas funciones a la mayoría de los efectivos desplazados hacia la región.
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Según Nathan Click, portavoz de Newsom, de los 360 miembros destinados a proteger la frontera de California con México, 110 se dedicarán a la prevención de incendios y 100 al control del narcotráfico en puertos de entrada y en el interior del estado.
El gobernador de California, Newsom, anunció que ordenará reducir el número de soldados de la Guardia Nacional asignados a la protección con México porque no quiere que formen parte de un “teatro político”.
La presidente encargada del Senado, la demócrata de San Diego Toni Atkins, en un comunicado enviado a la agencia de noticias Efe, apoyó la decisión del gobernador californiano y criticó la declaración de crisis en la frontera:
“La única emergencia en la frontera es la creada por la negativa del gobierno federal a cumplir con su responsabilidad de ayudar a las familias vulnerables que buscan asilo, y California está trabajando con funcionarios y organizaciones en San Diego para abordar esa situación”.
El gobernador Newsom siguió el ejemplo de la gobernadora de Nuevo México Michelle Luján Grisham, quien unos días antes, ordenó remover la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional en la frontera de su estado con México.
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