La Corte Suprema permite que la administración de Trump amplíe las restricciones a los inmigrantes que podrían necesitar beneficios públicos.

La Corte Suprema permite que la administración de Trump amplíe las restricciones a los inmigrantes que podrían necesitar beneficios públicos.

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La Corte Suprema permite que la administración de Trump amplíe las restricciones a los inmigrantes que podrían necesitar beneficios públicos.

El 27 de enero de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó una medida cautelar a nivel nacional que prohibía a la administración de Trump implementar un cambio en las reglas que amplíe el escrutinio de los inmigrantes que se consideran propensos a ser una carga pública. La orden de la Corte Suprema de levantar el mandato significa que el gobierno federal puede continuar con sus planes de restringir la residencia a un grupo más amplio de inmigrantes que reciben beneficios del gobierno o que provienen de grupos desfavorecidos, incluidos los jóvenes, los ancianos y los pobres.

Las leyes de inmigración restringen la capacidad de los inmigrantes de obtener la residencia si es probable que se conviertan en una carga pública, pero históricamente esta ley ha sido interpretada de manera limitada para restringir a los inmigrantes que recibieron un grupo reducido de beneficios públicos. En general, los inmigrantes también podrían superar la barra de carga pública con el uso de una declaración jurada de apoyo de un patrocinador calificado.

El 15 de octubre del 2019, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Buscaron implementar un cambio en las reglas que ampliara su definición de beneficios públicos y que se considera probable que se convierta en una carga pública, pero varios tribunales federales emitieron medidas cautelares en todo el país que prohibieron al gobierno implementar los cambios.

La orden de la Corte Suprema de levantar el mandato significa que el gobierno federal puede proceder con sus planes.  El cambio regulatorio ahora restringirá las solicitudes de residencia para personas que han recibido un grupo más amplio de beneficios públicos, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para vivienda, entre otros, por más de 12 meses en total dentro de un período de 36 meses. Además, la declaración jurada de apoyo de un patrocinador calificado ya no será un factor determinante y los oficiales de inmigración recibirán instrucciones para revisar la totalidad de las circunstancias presentadas en cada caso, incluyendo la edad, la educación, los recursos financieros y la salud de los individuos, entre otros factores. Se espera que el cambio afecte en gran medida a los pobres, ancianos y enfermos.

Es importante tener en cuenta que el cambio de la regla no afecta los servicios de emergencia, Medicaid para niños inmigrantes, beneficios basados en la escuela y beneficios para madres embarazadas inmigrantes. Los inmigrantes aún pueden usar estos beneficios críticos y no se considerarán una carga pública.

Si alguna vez ha recibido algún beneficio público y está buscando el estatus de residente, le recomendamos que se comunique con nuestra oficina al 407-487-4558 y programe una consulta con nuestro abogado certificado como experto en inmigración, Francisco F. Symphorien-Saavedra