120 líderes del sector empresarial del estado de Florida se oponen a los dos proyectos de ley que consideran como una amenaza para la “reputación, seguridad pública y la economía” del estado por su carácter “antiinmigrante”.
Los líderes empresariales enviaron una carta tanto al gobernador del estado, Ron DeSantis, como al presidente del Senado, Bill Galvano donde denuncian que las iniciativas SB-168 y HB-527 “criminalizan y apuntan a la comunidad inmigrante” y “destrozan nuestra economía”.
Los empresarios señalan que estas leyes, generarán “deportaciones masivas” de inmigrantes sin papeles y “amenazan” la seguridad de los floridanos.
La medida SB-168 -presentada por el senador republicano Joe Gruters “expulsará a la fuerza laboral de la agricultura y dejará a los agricultores de Florida sin opciones” dijo el empresario de la industria agrícola, Paul DiMaire.
DiMaire aseguró que “la industria agrícola quedará devastada” en sectores clave como el cítrico que supone el 56% de la producción del país; además de “erosionar” la confianza entre la Policía y los inmigrantes ya que los indocumentados vivirán con el temor de denunciar cualquier crimen del que hayan sido víctimas o testigos.
Los empresarios pide a “nuestros líderes electos en Tallahassee -capital del estado- que pongan fin a esta legislación equivocada y se centren en ofrecer soluciones a problemas reales en nuestro estado”.
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Según un estudio publicado por la organización New American Economy (NAE), el 85,8% de los trabajadores indocumentados en Florida, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, pagan cada año en impuestos cerca de 1.700 millones de dólares. La aplicación de la SB -168 puede representar el “éxodo” de un 10% de inmigrantes en el estado, con pérdidas anuales de algo más de 121 millones de dólares en impuestos y cerca de 3.500 millones en el producto interior bruto.
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Tanto la SB-168 como el HB-527, apuntan a los “más vulnerables” en un estado, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante y el 20% de ellos indocumentados.
Según lo que señala la carta de los dirigentes empresariales, estos dos anteproyectos de leyes tratan de “un intento de deportación masiva” que “castiga a aquellos que huyen de la violencia y la pobreza” en sus países de origen para encontrar un lugar seguro donde trabajar y vivir.
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Entre los 120 empresarios que firman la carta, están Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare Partners; John Rowe, presidente de Exelon; Bob Dickinson, ex gerente general de la empresa de cruceros Carnival, y Sheldon Anderson, de la consultora Sheldon T. Anderson Consulting.
